Las universidades españolas piden una moratoria de un año y herramientas para gestionar la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas
Se están viendo abocadas a asumir el coste de la cotización porque ni las entidades públicas ni las empresas privadas están dispuestas a asumirlo
Todas las universidades españolas han remitido una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá Belmonte, solicitándole una moratoria de un año y herramientas para adecuar los sistemas de gestión, con motivo de la obligada cotización a la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas para el próximo curso.
La carta manifiesta el rechazo de las universidades a la norma aprobada por el Congreso de los Diputados, que a su juicio debería ser derogada, y pone en evidencia la falta de recursos para asumir la carga de trabajo y la gestión que les supone la tramitación de la Seguridad Social del alumnado que se encuentre realizando prácticas académicas externas a partir del 1 de octubre de este año. Asimismo, consideran que durante el tiempo de la moratoria deberían adoptarse las medidas oportunas para garantizar que la bonificación alcance el 100% de la cuota de forma permanente o, en su caso, que el coste sea asumido por parte de las entidades donde se realizan las prácticas.
Las universidades explican que, pese a que el real decreto establece que la cotización recae en la empresa o institución receptora de los estudiantes, se están viendo abocadas a asumir la cotización de las prácticas “no remuneradas”, con el fin de garantizar que el alumnado pueda graduarse. Y ello se debe, por un lado, a que las entidades públicas -donde se realizan el 60% de las prácticas- están solicitando la firma una cláusula que especifique que la universidad es responsable de la gestión y el gasto. Y por otro, a que temen que las empresas privadas se sumen a esta solicitud, ya que “no están dispuestas a asumir los gastos ni la carga administrativa asociada”.
"Un gran problema"
Esta realidad supone “un gran problema” para las universidades, que tienen que gestionar un elevado número de prácticas para garantizar la formación del estudiantado. Para ello, requieren de recursos que les permitan desarrollar una aplicación informática para procesar la cotización de forma masiva, implementar una metodología de altas y bajas simplificada, dotar de recursos humanos la gestión de esas altas y bajas y el control de días de prácticas, y asignar un presupuesto para los próximos cursos académicos, fondos que no están disponibles este año.
Las universidades lamentan que no han recibido comunicación alguna ni instrucciones claras desde el ministerio sobre el procedimiento a seguir. Asimismo, informan de que han intentado obtener orientación en las delegaciones provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social, que “no han podido ofrecer respuestas concretas”.
La Universidad de Sevilla cuenta en estos momentos con 14.246 estudiantes en prácticas curriculares y 2.638 en extracurriculares.