Pescadores, agricultores y alcaldes piden un comité de expertos para analizar los impactos de los vertidos al Estuario del Guadalquivir
El Paraninfo de la Universidad de Sevilla ha acogido las Jornadas de Debate 'El Estuario del Guadalquivir: potencialidades económicas y pasivos ecológicos'
La Universidad de Sevilla ha acogido unas jornadas tituladas ‘El Estuario del Guadalquivir: potencialidades económicas y pasivos ecológicos’ que contaron con tres mesas redondas, una de administraciones públicas, otra de actores económicos, y una tercera de organizaciones ciudadanas. Según la organización del evento, varios participantes en estas jornadas, entre quienes se incluyen representantes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Estación Biológica de Doñana, pescadores, mariscadores y agricultores, y el alcalde de Coria del Río, Modesto González, han estado de acuerdo en que se realicen más estudios científicos y que se nombre a un comité de expertos independientes que evalúe en detalle, y mediante nuevas investigaciones científicas, los posibles impactos socioambientales que los vertidos mineros tendrían en el Estuario del Guadalquivir.
La organización de las jornadas asegura que existen varios precedentes recientes de la puesta en marcha de comités de expertos para analizar en profundidad proyectos potencialmente muy impactantes en Andalucía. Por ejemplo, se constituyó un comité de expertos para evaluar los impactos del dragado de profundización en el Estuario del Guadalquivir. Además, también se impulsó un comité de expertos que evaluó el proyecto de clausura de las balsas de fosfoyesos en Huelva.
El secretario de organización andaluz de COAG mostró su preocupación por que no se hayan evaluado, de forma conjunta, los posibles efectos acumulativos del vertido de la Mina Las Cruces realizado hasta la fecha y los dos vertidos autorizados que aún no se han producido. Por su parte, el representante de la Confederación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, José Carlos Escalera, incidió especialmente en la importancia del empleo directo e indirecto del sector pesquero en el Golfo de Cádiz y sus temores a que se vea afectado por la contaminación minera, incluyendo posibles escándalos de contaminación de productos pesqueros frente a la opinión pública.
Por otra parte, Emilio Esteban Rodríguez, responsable de la Oficina Técnica de Doñana dependiente del Ministerio de Transición Ecológica ha pedido a la Junta de Andalucía que las posibles afectaciones al espacio natural protegido Doñana se lleven a debate al Consejo de Participación de Doñana para que este emita el informe preceptivo ya que los vertidos mineros podrían afectar a la calidad de las aguas del Parque Nacional. Además, Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, recordó el mal estado de conservación del Estuario del Guadalquivir actualmente y que la contaminación metálica podría agravar. En este sentido, Eduardo Vera, gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, mostró también su preocupación por la contaminación minera y la dificultad para restaurar las zonas contaminadas. Rafael Ruiz, representante de los mariscadores de Chipiona, hizo una llamada a la necesidad de la movilización ciudadana contra los vertidos mineros. En general, varios ponentes en las jornadas abogaron por mejorar la gobernanza del Estuario del Guadalquivir para hacer frente a los retos del siglo XXI como la subida del nivel del mar provocada por el cambio climático, la turbidez excesiva y la contaminación.
Vertidos de aguas con metales
En una nota de prensa, la organización de las jornadas asegura que la mina Las Cruces ha vertido aguas con metales al Estuario del Guadalquivir desde 2009 a 2021. Este vertido habría depositado en el Estuario del Guadalquivir un máximo anual de 360 kg zinc, 90 kg níquel, 45 kg arsénico, cobre and plomo, and 9 kg mercurio, entre otros metales. Además, la mina Las Cruces tiene ya autorizado un segundo vertido cuyo volumen doblaría el primero (2.34 Hm³ anuales durante 14 años) y que vertería anualmente un máximo de 1 638 kg de zinc, 421 kg de plomo, 211 kg de arsénico, cobre y níquel y 33 kg de mercurio, entre otros metales.
Al mismo tiempo, la Mina de Aznalcóllar ha solicitado a la Junta de Andalucía otro vertido con metales potencialmente tóxicos al Estuario del Guadalquivir de 4 Hm³ al año durante 17 años en su fase operacional. Este vertido podría acumular en el Estuario del Guadalquivir un máximo de 35 856 kg de aluminio, 27 091 kg de hierro y manganeso, 5 578 Kg de cobre y níquel, 2709 de arsénico, 797 kg de plomo, 677 kg de cadmio y 24 kg de mercurio, entre otros metales. Dos estudios científicos publicados en una revista internacional de alto impacto han puesto de manifiesto que los sedimentos de la zona donde se produjo el primer vertido de mina Las Cruces están altamente contaminados con metales con efectos ecotóxicos.
En este contexto, según la misma fuente, investigadores especialistas en el Estuario del Guadalquivir de las universidades de Granada, Cádiz y Sevilla realizaron dos revisiones científicas que evidenciaron que los tres vertidos mineros antes citados podrían contaminar gravemente el estuario. Las conclusiones de estas revisiones científicas chocaron de frente con las de las empresas mineras en sus estudios de impacto ambiental y con las autorizaciones otorgadas por la Junta de Andalucía que niegan cualquier impacto relevante en el Guadalquivir.
En junio pasado, se celebraron unas jornadas científicas tituladas ‘El Estuario del Guadalquivir frente a los vertidos mineros’ en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Los ponentes de estas jornadas, guiados por el principio de precaución, hicieron un llamamiento a las instituciones implicadas en las autorizaciones de estos vertidos mineros para que las pospongan o, caso de haberlas otorgado, las suspendan o revoquen hasta que no se disponga de un análisis científico riguroso e independiente que garantice la viabilidad socio-ambiental de dichos vertidos. Así mismo, la comunidad científica que participó en esas jornadas realizó un llamamiento a todas las administraciones públicas competentes (Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Dominio Público Marítimo Terrestre del gobierno central) y a todos los agentes sociales potencialmente afectados por los vertidos mineros al Estuario del Guadalquivir a una reunión.