Comienza el proyecto europeo EPHESUS para la cooperación judicial en materia penal
El consorcio está conformado por cinco socios, originarios de Grecia, Portugal, Bulgaria, Rumanía y España
La Universidad de Sevilla forma parte del proyecto financiado por la Comisión Europea EPHESUS: Promoting fundamental rights in (post) pandemic times in cross border proceedings. El proyecto DG Justice fue concedido en 2023 en la convocatoria JUST-2023-JCOO.
Iniciado en febrero de 2024, este proyecto tiene como objetivo promover la cooperación judicial en materia penal contribuyendo al uso óptimo y proporcional de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), incluido su uso en el contexto de procedimientos judiciales a distancia. El proyecto estudia y analiza las posibles vulneraciones de derechos fundamentales y procesales que implica el uso de la OEDE, especialmente desde el inicio de la pandemia Covid-19. Además, se pretende la promoción del uso creciente y racionalizado de instrumentos de reconocimiento mutuo alternativos a la OEDE para hacer frente a la utilización desmesurada de esta última.
El consorcio está conformado por cinco socios, originarios de Grecia, Portugal, Bulgaria, Rumanía y España: Centro de Derecho Constitucional Europeo (Kentro evropaikou syntagmatikou dikaio idryma themistokli kai Dimitri Tsatsou, CECL), Innovative Prison Systems (IPS), Center for the Study of Democracy (CSD), European Strategies Consulting (ESC) y la Universidad de Sevilla (US).
Ciertamente, la OEDE es un instrumento muy utilizado en la cooperación jurídica internacional en el marco de la Unión Europea (UE), llegando a considerarse desde algunos sectores que se asiste en estos últimos años a una utilización desproporcionada del mismo, en detrimento del uso de otros instrumentos (como el traslado de condenados o procedimiento de reconocimiento mutuo establecido en la Decisión Marco 2008/909/JAI) que podrían resultar menos aflictivos para la persona reclamada o condenada y favorecer la reinserción social de los condenados.
Con el reseñado objetivo, el equipo de investigación formado por Pilar Martín Ríos, Esther Montero Pérez de Tudela y César Villegas Delgado, ha llevado a cabo una amplia investigación sobre la posible afectación de los derechos fundamentales y procesales en el marco de la OEDE en el contexto post-pandémico, poniendo especial acento en los aspectos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías y en la búsqueda de instrumentos alternativos a la OEDE.
El instrumento de investigación, diseñado por la Doctora en Criminología Esther Montero Pérez de Tudela, ha consistido en un protocolo de entrevista semiestructurada, cuyas preguntas e ítems principales estaban basados en una previa y amplia revisión de la literatura existente llevada a cabo por el equipo de investigación. Se trata de una de las investigaciones de corte cualitativo más amplias a nivel europeo sobre esta materia. En total, entre mayo y julio de 2024, 34 jueces, fiscales y otros operadores jurídicos (como abogados de reconocida experiencia) han sido entrevistados siguiendo el mencionado protocolo de entrevista. Los treinta y cuatro candidatos y candidatas, seleccionados de 10 estados miembros de la Unión Europea, fueron elegidos por su reconocida experiencia y alta cualificación en relación a la OEDE.
De los resultados principales de la investigación realizada pueden destacarse los siguientes:
- Si bien la pandemia afectó al funcionamiento de los sistemas judiciales de toda la UE, provocando retrasos e ineficiencias en los procedimientos judiciales, no parece desprenderse de los resultados una importante afectación de los derechos fundamentales y procesales de las personas implicadas.
- La pandemia obligó igualmente a la implementación de ciertos ajustes procesales, concretamente se impulsó la adopción de tecnologías digitales para facilitar la cooperación judicial internacional. Especialmente, se multiplicó el uso de las videoconferencias.
- Si bien es cierto que en la mayoría de los países tuvieron que afrontarse diversos problemas técnicos (especialmente en alguno como Grecia o Bulgaria, donde no se disponían de los medios tecnológicos adecuados), en opinión de los entrevistados las innovaciones tecnológicas han supuesto ventajas remarcables, como el ahorro de tiempo y de recursos humanos y materiales.
- Entre los derechos procesales que han podido verse más afectados -tanto por la pandemia como por el aumento del uso de las nuevas tecnologías- en relación con los procedimientos vinculados a la OEDE, destacan los derechos relacionados con la defensa del reclamado, así como los derechos a un juicio “sin dilaciones indebidas”, aunque en opinión de los entrevistados dichos derechos de defensa se han visto salvaguardados en gran medida por el uso de las nuevas tecnologías.
- Por último, debemos destacar la inexistencia de una conciencia generalizada en cuanto a la posibilidad del uso de alternativas a la OEDE: la gran mayoría de los entrevistados no contemplan la posibilidad de la utilización de otros instrumentos alternativos menos aflictivos para el reclamado. Destaca, como la alternativa más utilizada a la OEDE, la Orden Europea de Investigación, siendo muy infrautilizados otros instrumentos como la Decisión Marco 2008/947/JAI, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada, la Decisión Marco 2009/829/JAI, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional, o la ya mencionada DM 909, a pesar del reconocido potencial de estos instrumentos a la hora de evitar traslados innecesarios y reducir los retrasos procesales.
Se hace necesario, por tanto, una mejor formación y una mayor sensibilización de los profesionales del Derecho sobre estos instrumentos alternativos, acciones coordinadas por parte de las instituciones de la UE para promover su utilización, y sin duda, una mayor investigación en la materia.